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¿QUÉ SENTIDO TIENEN LAS PRIORIDADES LEGISLATIVAS? - CASO FORESTAL

La Presidenta Bachelet firmó un proyecto de ley para crear el Servicio Nacional Forestal y de Conservación de los Recursos Forestales. Sin duda el país requiere una nueva institucionalidad en el ámbito forestal, con las facultades para ejercer plenamente las potestades de un servicio público. Si bien CONAF realiza adecuadamente las funciones que se le asignan como parte del Ministerio de Agricultura, tiene limitaciones jurídicas por ser una corporación de derecho privado. Es un asunto que está sin resolver desde 1984.

 

Es bienvenida entonces una iniciativa legal al respecto y ya veremos si se aprueba la idea de legislar sobre la materia, teniendo presente que hubo instancias previas que no lograron superar tal etapa. Pero independientemente de lo propio de este proyecto de ley -que se firmó ceremonialmente el viernes 24 de marzo, pero como aún no se ha entregado al Congreso su contenido no es de conocimiento público-, es previsible que su discusión será larga porque es un tema complejo, dado su alcance en el tiempo y en el territorio. Entre otros aspectos, será necesario regular la forma de administración y las funciones y atribuciones que tendrá el nuevo servicio; además de sus relaciones con otras instituciones públicas, lo que es difícil de negociar por los múltiples intereses contrapuestos.

 

Por consiguiente, se trata de un proyecto de ley sobre un tema importante, pero no urgente como se ha divulgado a la opinión pública (de hecho, sólo se está reactivando una iniciativa de este gobierno que estaba “dormida”). Tampoco es un proyecto que permita resolver los problemas generados por los devastadores incendios forestales: la necesidad de reforestar y la de mejorar la gestión ante las emergencias.

 

Repoblar los cerros con cobertura boscosa es fundamental para controlar la erosión, mantener limpia el agua y absorber carbono del aire. También se sabe que el establecimiento de las plantaciones es intensivo en mano de obra, desde la preparación del terreno que podría empezar este año hasta las podas en algunos años más. Como consecuencia de los incendios se tendrán que hacer duros ajustes de crecimiento negativo para alcanzar un nuevo equilibrio en el abastecimiento de la industria forestal; para retornar una tendencia de crecimiento positivo es necesario que los terrenos quemados no queden abandonados a su (mala) suerte. Por tanto, reforestar es claramente la actividad prioritaria por sus beneficios en lo ambiental, social y económico.

 

Las grandes empresas harán su parte en la reforestación, porque es su negocio y tienen la capacidad financiera. Pero qué pasará con los pequeños y medianos propietarios que no pueden cubrir los costos de una plantación. Chile tuvo un instrumento de fomento a la forestación que probó ser efectivo. Con ajustes menores se podría reactivar para aquellos que ya recibieron una bonificación; sujeto a una duración limitada, una superficie máxima y dando la posibilidad de reforestar con especies nativas. Como medida de política pública, daría impulso al proceso de reforestación con señales relevantes para los actores forestales. Desde la perspectiva del Fisco, esta política vista como un subsidio al trabajo rinde bastante más en términos de valor social que el gasto para paliar el desempleo en las comunidades afectadas por los incendios.

 

Queda abierta la pregunta: ¿Qué sentido tienen las prioridades legislativas del gobierno en temas forestales?

 

André Laroze
PhD en Recursos Forestales
Secretario Ejecutivo de CERTFOR